FAQ’s

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Preguntas Frecuentes

 

Es el medio mediante el cual las empresas indican si el cartel no está cumpliendo ciertos parámetros de elegibilidad. Frente a un recurso de apelación, el Estado se encuentra en la obligación de adjudicar la licitación a la empresa que efectivamente cumpla con los requerimientos originales.

Es importante que las empresas realicen estos recursos de apelación cuando se vean estas irregularidades, ya que así se está haciendo valer la ley. El reglamento técnico existe para que el producto o servicio buscado se encuentre y se compre a quien lo haga de forma más conveniente para el Estado. Si este reglamento se dejara de cumplir, se estaría generando una compra no beneficiosa para el Estado, y por lo tanto sus mayores perjudicados son sus ciudadanos, ya que los recursos se están mal utilizando.

A pesar de lo anterior, es innegable la existencia de estas irregularidades en casi la totalidad de los carteles del Estado. Como se decía anteriormente, es importante denunciar las irregularidades que existan en los procesos licitatorios, pero es fundamental que éstas tengan fundamento jurídico ya que la ley prevé sanciones para aquellas que no cuenten con éste.

Es el medio mediante el cual las empresas tienen el derecho y la obligación de colaborar con el Estado, apuntando las deficiencias del cartel. Independientemente de que estas sean técnicas, financieras, económicas o legales. Al demostrarle al Estado la inconsistencia localizada, este debe modificar el cartel.

Al no realizar un recurso de objeción de forma oportuna, podría luego haber discrepancias entre lo entregado por la empresa y lo esperado por el Estado.

Es importante realizar a tiempo un recurso de objeción, si es que ésto fuese necesario, ya que así se resuelven las dudas existentes con respecto al requerimiento y luego no hay diferencias a la hora de entregar el producto o servicio. Si el Estado reclama que hay diferencias y este se declara insatisfecho, podría no recibir el productos o servicios, y no pagar por éstos. Es así como comienza una disputa entre ambas partes, multas y procesos judiciales que terminan generando un mayor gasto público.

Es una cláusula que indica cómo proceder frente a dos ofertas iguales, en términos de puntaje total.

Cada cartel debe especificar su propio sistema de desempate. Esto, si es que el objeto de contratación es susceptible a empate. Un ejemplo sería: “En caso de empate, se adjudicará en la de menor precio. De mantenerse el empate, la adjudicación recaerá en la de menor plazo de entrega” y así sucesivamente.

Fija las reglas con las cuales se va a evaluar y a comparar cada oferta recibida. El sistema debe contar con al menos tres aspectos: los criterios a evaluar, la ponderación y la metodología de aplicación de cada uno de estos.

Son los aspectos básicos que se le exige a los futuros contratistas y que estos deben cumplir para ser considerados elegibles. Estos requisitos cambian según la naturaleza de cada cartel y dependen plenamente de lo que la Administración esté solicitando en el cartel. Sin embargo, hay ciertos requisitos básicos que se ven y se repiten en muchos carteles de licitaciones. Estos son: contar con cierta capacidad financiera, poder demostrar cierta experiencia mínima en la industria o tener las características técnicas indispensables para poder cumplir con los requisitos. También es común ver requisitos de admisibilidad ligados a temas de cumplimiento legal básico, como inscripción de profesionales en el respectivo Colegio o estar al día en el pago de impuestos, entre otros.

Si no se cumpliese con los requisitos de admisibilidad, el contratista corre el riesgo de quedar excluido del concurso.

La adecuada escogencia de un contratista se basa en dos criterios fundamentales. El primero de ellos es la definición de requisitos de admisibilidad; y el segundo, tener un sistema de calificación de ofertas.

El cartel es un reglamento técnico. En él se señalan los principales aspectos de una contratación: qué es lo que el Estado o la Administración desea comprar, y cómo desea que este bien o servicio sea realizado. En otras palabras, atiende las necesidades específicas que la Administración tiene y especifica en detalle este requerimiento.

En este documento se detallan las reglas específicas para regir cierta contratación, los criterios de elegibilidad, que son las reglas para seleccionar la mejor oferta, además de los deberes y derechos tanto de la Administración, como del futuro contratista. Además, delimita la actuación de todas las partes involucradas.

También se le puede encontrar por el nombre de “Pliego Cartelario” o “Pliego de Condiciones”.

Una vez que el Estado recibe ofertas y se elige al contratista, este documento es el que contiene las reglas según las cuales la entidad deberá regirse y normarse, las cuales no podrá desconocer.